Gobierno kamikaze

El 16 de junio de 1955 (hace hoy 53 años), la Plaza de Mayo fue arrasada por las bombas aéreas disparadas por aviadores militares sublevados contra el gobierno presidido por Juan Domingo Perón. Este último se tambaleaba ostensiblemente. Jaqueado por las resistencias despertadas por su estilo autoritario de conducción política, Perón terminaría siendo víctima de sus propios métodos. Catapultado al estrellato por el golpe de Estado de 1943, el polémico general sería derrocado, tres meses después, por sus camaradas de armas, quienes lo sentenciarían a un prolongado ostracismo, trabajosamente combatido a la distancia por el destinatario del severo dictamen. El 12de octubre de 1973, a los 78 años de edad, Perón reasumía la jefatura del Estado nacional argentino, llevando como vicepresidenta a su tercera consorte, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel. Fue una decisión fatídica y una revancha tardía. El 1º de julio de 1974, Perón expiraba, delegando la primera magistratura federal de nuestra patria en una mandataria políticamente analfabeta y sin ninguna aptitud para la función gubernativa. Tras un periodo signado por la violencia política y el caos socioeconómico, Isabel era destituida por los jefes militares responsables de conducir la instauración de la dictadura más atroz de nuestra historia, cuyo funesto legado social, económico y político se sigue percibiendo, de algún modo, al día de hoy.
En junio de 2008, nuestra castigada patria se ve, salvando las distancias, ante un cuadro similar. En diciembre de 2007, el presidente Néstor Kirchner delegó la primera magistratura en su consorte Cristina Fernández. A diferencia de Isabel, Cristina posee una neta vocación política y estudios universitarios. Pero ello no la ha eximido de transitar, como su predecesora de hace treinta y tantos años, un muy trabajoso primer semestre presidencial, signado por un creciente descontento social ante el estilo desmedidamente confrontativo del matrimonio gobernante.
El prolongadísimo conflicto entre el actual gobierno nacional y el sector agrario ya no es un simple conflicto de intereses. Los ruralistas no están solos. Cuentan con el apoyo (directo o indirecto) de intendentes y gobernadores. Su acto rosarino del 25 de Mayo reunió a 300 mil personas a orillas del Paraná. Figuras como los ex presidentes Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde han intentado preconizar una cierta dosis de sensatez para descomprimir la agobiante situación. Los dirigentes eclesiásticos han intentado infructuosamente mediar entre las partes en pugna. Pero el gobierno nacional no cede.
La atendible propuesta de un gesto de grandeza por parte de este último, formulada por el gobernador santafesino Hermes Binner, ha caído en saco roto.
Es de desear que el actual gobierno nacional recapacite y no actúe a tontas y secas. De esa manera, estaría evitando el error del Perón de 1955 (cuya obstinación le costó el derrocamiento) y del Menem de 1997 (cuya resistencia a revisar su política socioeconómica lo obligó a delegar la primera magistratura en un incompetente dirigente opositor, cuya dramática defenestración dejó al país al borde de una guerra civil). Ya no hay militares golpistas. La Argentina actual ya no alberga Uriburus, Lonardis, Onganías o Videlas. Tampoco militares peligrosos como Rico o Seineldín. Pero sí alberga un electorado de 27 millones de votantes empadronados, dotados de un arma más poderosa que la voluntad de las minorías. De ellos, 8 millones se abstuvieron de sufragar en los comicios presidenciales de 2007 y sólo ocho votaron por nuestra actual Presidenta. Esa masa enorme de ciudadanos comunes de la democracia (como los llamaba Jorge Luis Borges) entronizó a Menem y De la Rúa, cuyos mandatos tuvieron finales poco felices. Bien puede volver a entronizar a sujetos poco recomendables, sólo a modo de voto castigo contra una administración aparentemente capaz de resolver las cosas de otra manera. Históricamente, los argentinos hemos sido propensos a engolosinarnos con ciertas fórmulas y sólo nos convencemos de su caducidad pagando altos costos. En estos primeros años del siglo XXI, el argentino promedio ha demostrado poseer un insospechado grado de sagacidad política, susceptible de ofuscar a los políticos de carrera. El actual gobierno lo sabe. Pero no atina a reaccionar coherentemente. Eso es grave. Y puede ser fatídico.