Septiembre traumático
El 6 de septiembre de 1930, el presidente radical Hipólito Yrigoyen era derrocado por el primer golpe de Estado del siglo XX argentino. Concluía así un largo periodo de relativa estabilidad político-institucional, iniciado en 1862 con la asunción presidencial de Bartolomé Mitre. Hasta 1912 no había habido voto obligatorio y los comicios celebrados habían portado el estigma del fraude electoral, posteriormente reintroducido por los artífices y partidarios del derrocamiento de Yrigoyen y finalmente erradicado con la primera elección presidencial de Juan Domingo Perón en 1946. Pero hay un hecho innegable: de los catorce presidentes de la Nación juramentados entre 1862 y 1930, nueve pudieron cumplir todo su mandato constitucional y dos de ellos (Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña) se vieron impedidos de hacerlo por causas naturales. Sólo dos (Miguel Ángel Juárez Celman y Luis Sáenz Peña) dimitieron, desacreditados ante sus conciudadanos.
El derrocamiento de Yrigoyen interrumpió inadmisiblemente esa saludable continuidad. Entre 1930 y 1976, los golpistas derrocaron a seis presidentes constitucionales (Yrigoyen, Ramón Castillo, Perón, Arturo Frondizi, Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón). Esa discontinuidad no fue ajena a los mandatarios de facto. José Félix Uriburu duró menos de un año y medio en la Casa Rosada. Entre 1943 y 1946, los artífices del derrocamiento de Castillo designaron tres presidentes. El primero de ellos (Arturo Rawson) debió dimitir tras apenas dos días de mandato. La gestión de su sucesor Pablo Ramírez duró menos de un año. Edelmiro Farrell dejó la presidencia tras apenas un bienio de gestión. Tras apenas cuatro meses de mandato, Eduardo Lonardi, sucesor ilegítimo de Perón, fue destituido por sus comitentes, falleciendo poco después. Juan Carlos Onganía corrió una suerte similar: la Junta Militar lo defenestró tras cuatro años en el Sillón de Rivadavia. Su sucesor Roberto Marcelo Levingston fue exonerado por sus colegas tras apenas nueve meses de permanencia en la Casa Rosada. Fue reemplazado por Alejandro Agustín Lanusse, quien, tras dos años de dictadura, fue sucedido constitucionalmente por Héctor José Cámpora, que dimitió tras apenas cuarenta y nueve días de gestión. Raúl Lastiri, sucesor constitucional de Cámpora, ejerció la primera magistratura federal durante sólo tres meses, hasta la tercera asunción presidencial de Perón, cuyo fallecimiento redujo la duración de su mandato a escasos 251 días. Durante los 92 meses y medio de su desdichada gestión, los comitentes del gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional designaron cuatro mandatarios de facto (Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone), tres de los cuales (Viola, Galtieri y Bignone) se sucedieron en su cargo durante menos de tres años de mandato. Raúl Alfonsín, impotente ante una grave crisis socioeconómica, debió entregar el poder a su sucesor Carlos Menem 152 días antes de lo previsto. Por el mismo motivo, su correligionario Fernando De la Rúa debió dimitir tras 740 días de azarosa gestión. Tras la renuncia de De la Rúa (aceptada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2001), se sucedieron (en el exiguo plazo de doce días)tres presidentes de la Nación designados por el Congreso Nacional(Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Caamaño). Recién el 1º de enero de 2002 asumió (por mandato legislativo) un primer mandatario relativamente estable. Empero, Eduardo Duhalde, jaqueado por la difícil situación socioeconómica, decidió adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2003 y la asunción del actual presidente Néstor Kirchner.
En otro septiembre, el de 1955, Perón fue violentamente expulsado del poder, tras episodios pesadillescos que incluyeron el bárbaro bombardeo aéreo de Plaza de Mayo, con un saldo de 355 muertos y más de 600 heridos. El 6 de septiembre de 1987 (a cincuenta y siete años exactos del derrocamiento de su correligionario Yrigoyen), el presidente Alfonsín sufrió un durísimo revés electoral, cuando un veredicto electoral transfirió al peronismo dieciséis de las veintitrés gobernaciones provinciales de la época y el grueso de las bancas del Congreso Nacional, golpe apenas amortiguado por el apoyo popular a un Alfonsín jaqueado por el pronunciamiento militar de la Semana Santa.
En este mes-aniversario de tan traumáticos acontecimientos, nuestra patria se encuentra sumida en una grave crisis de su sistema político-partidario (aparentemente irreversible). Hasta hace menos de una década, la Argentina tenía dos sólidos partidos políticos (radicalismo y peronismo), en cuyo derredor giró lo esencial de la política nacional durante casi todo el siglo XX. La presencia de partidos secundarios (conservadurismo, socialismo, democracia progresista, etcétera)no impidió su función rectora de nuestra vida cívica. En las elecciones presidenciales de 1983 y 1989, el PJ y la UCR concentraron alrededor del 90% de los votos validados en ambos comicios. La irrupción del frepasismo jaqueó desaconsejablemente ese sabio equilibrio de fuerzas. En las elecciones presidenciales de 1995, el PJ y la UCR sólo obtuvieron el 65% de los sufragios valederos, de los cuales el Frepaso retuvo el 30%, quedando el magro sobrante en manos de los partidos minoritarios.
La tremenda crisis socioeconómica y político-institucional de 2001 se tradujo, a nivel político-partidario, en una alarmante atomización de los partidos políticos, persistente hasta la actualidad y aparentemente insuperable. En las elecciones presidenciales de 2003, el Sillón de Rivadavia fue disputado por tres candidatos catalogables como radicales (Elisa Carrió, Leopoldo Moreau y Ricardo López Murphy) y otros tantos clasificables como peronistas (Carlos Saúl Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá). Menem, el candidato más votado, sólo obtuvo el 24% de los votos validados. Su negativa a participar en un ballottage instaló en la primera magistratura federal a un Kirchner beneficiado por un magro 22% de votos positivos.
Compatriotas: no hagamos de nuestra vida política un eterno 6 de septiembre. De poco nos servirá.
El derrocamiento de Yrigoyen interrumpió inadmisiblemente esa saludable continuidad. Entre 1930 y 1976, los golpistas derrocaron a seis presidentes constitucionales (Yrigoyen, Ramón Castillo, Perón, Arturo Frondizi, Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón). Esa discontinuidad no fue ajena a los mandatarios de facto. José Félix Uriburu duró menos de un año y medio en la Casa Rosada. Entre 1943 y 1946, los artífices del derrocamiento de Castillo designaron tres presidentes. El primero de ellos (Arturo Rawson) debió dimitir tras apenas dos días de mandato. La gestión de su sucesor Pablo Ramírez duró menos de un año. Edelmiro Farrell dejó la presidencia tras apenas un bienio de gestión. Tras apenas cuatro meses de mandato, Eduardo Lonardi, sucesor ilegítimo de Perón, fue destituido por sus comitentes, falleciendo poco después. Juan Carlos Onganía corrió una suerte similar: la Junta Militar lo defenestró tras cuatro años en el Sillón de Rivadavia. Su sucesor Roberto Marcelo Levingston fue exonerado por sus colegas tras apenas nueve meses de permanencia en la Casa Rosada. Fue reemplazado por Alejandro Agustín Lanusse, quien, tras dos años de dictadura, fue sucedido constitucionalmente por Héctor José Cámpora, que dimitió tras apenas cuarenta y nueve días de gestión. Raúl Lastiri, sucesor constitucional de Cámpora, ejerció la primera magistratura federal durante sólo tres meses, hasta la tercera asunción presidencial de Perón, cuyo fallecimiento redujo la duración de su mandato a escasos 251 días. Durante los 92 meses y medio de su desdichada gestión, los comitentes del gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional designaron cuatro mandatarios de facto (Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone), tres de los cuales (Viola, Galtieri y Bignone) se sucedieron en su cargo durante menos de tres años de mandato. Raúl Alfonsín, impotente ante una grave crisis socioeconómica, debió entregar el poder a su sucesor Carlos Menem 152 días antes de lo previsto. Por el mismo motivo, su correligionario Fernando De la Rúa debió dimitir tras 740 días de azarosa gestión. Tras la renuncia de De la Rúa (aceptada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2001), se sucedieron (en el exiguo plazo de doce días)tres presidentes de la Nación designados por el Congreso Nacional(Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Caamaño). Recién el 1º de enero de 2002 asumió (por mandato legislativo) un primer mandatario relativamente estable. Empero, Eduardo Duhalde, jaqueado por la difícil situación socioeconómica, decidió adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2003 y la asunción del actual presidente Néstor Kirchner.
En otro septiembre, el de 1955, Perón fue violentamente expulsado del poder, tras episodios pesadillescos que incluyeron el bárbaro bombardeo aéreo de Plaza de Mayo, con un saldo de 355 muertos y más de 600 heridos. El 6 de septiembre de 1987 (a cincuenta y siete años exactos del derrocamiento de su correligionario Yrigoyen), el presidente Alfonsín sufrió un durísimo revés electoral, cuando un veredicto electoral transfirió al peronismo dieciséis de las veintitrés gobernaciones provinciales de la época y el grueso de las bancas del Congreso Nacional, golpe apenas amortiguado por el apoyo popular a un Alfonsín jaqueado por el pronunciamiento militar de la Semana Santa.
En este mes-aniversario de tan traumáticos acontecimientos, nuestra patria se encuentra sumida en una grave crisis de su sistema político-partidario (aparentemente irreversible). Hasta hace menos de una década, la Argentina tenía dos sólidos partidos políticos (radicalismo y peronismo), en cuyo derredor giró lo esencial de la política nacional durante casi todo el siglo XX. La presencia de partidos secundarios (conservadurismo, socialismo, democracia progresista, etcétera)no impidió su función rectora de nuestra vida cívica. En las elecciones presidenciales de 1983 y 1989, el PJ y la UCR concentraron alrededor del 90% de los votos validados en ambos comicios. La irrupción del frepasismo jaqueó desaconsejablemente ese sabio equilibrio de fuerzas. En las elecciones presidenciales de 1995, el PJ y la UCR sólo obtuvieron el 65% de los sufragios valederos, de los cuales el Frepaso retuvo el 30%, quedando el magro sobrante en manos de los partidos minoritarios.
La tremenda crisis socioeconómica y político-institucional de 2001 se tradujo, a nivel político-partidario, en una alarmante atomización de los partidos políticos, persistente hasta la actualidad y aparentemente insuperable. En las elecciones presidenciales de 2003, el Sillón de Rivadavia fue disputado por tres candidatos catalogables como radicales (Elisa Carrió, Leopoldo Moreau y Ricardo López Murphy) y otros tantos clasificables como peronistas (Carlos Saúl Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá). Menem, el candidato más votado, sólo obtuvo el 24% de los votos validados. Su negativa a participar en un ballottage instaló en la primera magistratura federal a un Kirchner beneficiado por un magro 22% de votos positivos.
Compatriotas: no hagamos de nuestra vida política un eterno 6 de septiembre. De poco nos servirá.
posted by Ernesto at 4:37 PM
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